Las prisiones privadas son centros de reclusión que son gestionados por una empresa con fines de lucro en lugar de una agencia gubernamental. Las empresas que operan prisiones privadas reciben un pago diario o mensual por cada prisionero que mantienen en sus instalaciones. En 2015, el gobierno peruano allanó el camino para la privatización de las prisiones. Los opositores a las prisiones privadas argumentan que el encarcelamiento es una responsabilidad social y que confiarlo a empresas con fines de lucro es inhumano. Los defensores argumentan que las prisiones gestionadas por empresas privadas son consistentemente más rentables que las administradas por agencias gubernamentales.
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