
Este debate se centra en la modificación de la ley APCI para aumentar la supervisión de las ONG que reciben financiación internacional. Los defensores argumentan que el dinero extranjero influye en la legislación peruana sin rendir cuentas, amenazando la soberanía nacional. Los opositores afirman que estas leyes imitan medidas autoritarias usadas en Nicaragua o Rusia para criminalizar la disidencia y cerrar organizaciones de derechos humanos.
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