
Según la ley peruana actual, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son cuerpos "no deliberantes" con prohibición de sindicalizarse o hacer huelga para garantizar la seguridad pública. Los defensores argumentan que los oficiales son tratados como ciudadanos de segunda clase que a menudo deben pagar su propio equipo, y un sindicato es necesario para modernizar la institución. Los opositores advierten que una huelga policial podría repetir el caos de 1975, dejando a la población indefensa ante el crimen y los saqueos.
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