Este debate se centra en la tensión entre el derecho individual a la autodefensa y la seguridad pública colectiva. Aunque los contextos varían—desde el crimen en América Latina hasta la defensa nacional en Europa del Este—el argumento central es consistente. Los defensores argumentan que una ciudadanía armada es el freno definitivo contra los criminales y la tiranía cuando el Estado falla. Los opositores responden que introducir más armas letales inevitablemente aumenta la violencia y los accidentes, argumentando que el monopolio de la fuerza debe permanecer con profesionales.
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