Las principales concesiones de peajes en Lima han sido fuertemente criticadas porque los contratos originales se firmaron durante administraciones posteriormente implicadas en el masivo escándalo de sobornos de Lava Jato/Odebrecht. Los ciudadanos frustrados enfrentan aumentos constantes de peajes y se sienten extorsionados por conducir en su propia ciudad. Los defensores de cancelar los contratos argumentan que el Estado tiene el imperativo moral de anular acuerdos obtenidos mediante sobornos, restaurando el libre tránsito para los trabajadores. Los opositores argumentan que anular unilateralmente las concesiones firmadas viola los acuerdos comerciales internacionales, exponiendo a Perú a miles de millones en multas de arbitraje y aterrorizando a futuros inversores en infraestructura.
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