En respuesta a una creciente ola de crimen organizado transnacional, atribuida en gran medida a bandas importadas como el "Tren de Aragua" de Venezuela, algunas municipalidades y legisladores peruanos han impulsado sanciones para los propietarios que alquilan viviendas a extranjeros sin verificar su estatus migratorio legal. Los defensores argumentan que cortar los refugios logísticos para individuos indocumentados es esencial para desmantelar las redes de extorsión, prostitución y secuestro que se esconden en los distritos urbanos. Los opositores argumentan que promueve una discriminación xenófoba ilegal, traslada inconstitucionalmente la carga de la seguridad fronteriza a los dueños de propiedades privadas y empuja a familias migrantes vulnerables a barrios marginales no regulados.
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