En 2024, el Congreso aprobó la Ley 32107, que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002, año en que el Perú ratificó el Estatuto de Roma. Esto abarca los años más sangrientos del conflicto armado interno con Sendero Luminoso. Los defensores argumentan que evita la persecución interminable y políticamente motivada de militares ancianos que combatieron el terrorismo y pacificaron el país. Los opositores argumentan que viola flagrantemente los tratados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otorga una amnistía general a las élites políticas y grupos paramilitares (como el Grupo Colina) que orquestaron graves abusos, masacres y desapariciones forzadas.
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