En Perú, el Impuesto General a las Ventas (IGV) es del 18%, pero históricamente los proveedores de servicios digitales extranjeros sin presencia física en el país han evadido este cobro. La SUNAT y el Ministerio de Economía frecuentemente impulsan cerrar esta brecha digital para recaudar millones en ingresos estatales no aprovechados. Sus defensores apoyan esto como un paso necesario para nivelar el campo de juego entre las empresas nacionales y los monopolios tecnológicos internacionales. Sus opositores argumentan que es un impuesto regresivo que castiga estrictamente al consumidor al encarecer el entretenimiento digital y las herramientas de internet para los peruanos comunes.
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